El 60% de las empresas españolas ya nota el impacto de la morosidad en sus resultados
El Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, elaborado por Crédito y Caución e Iberinform con la participación de cerca de 600 empresas de todos los tamaños y sectores, confirma un dato que no debería tomarse a la ligera: el 60% de las empresas españolas sufre un impacto negativo directo de la morosidad en su cuenta de resultados, ocho puntos más que en la edición anterior del mismo estudio. Y hay una cifra todavía más preocupante dentro del informe: un 8,1% de las empresas afectadas reconoce que corre riesgo real de cierre por el efecto acumulado de los impagos.
Un contexto aparentemente contradictorio
El informe llega en un momento algo paradójico. Por un lado, el impacto agregado de la morosidad se ha reducido ligeramente respecto al ejercicio anterior, y las empresas afrontan 2026 con una situación de impagos algo más favorable que en años previos. Por otro, la preocupación empresarial no baja — al contrario, crece por factores que se suman al riesgo de impago: la energía, la inflación y la tensión geopolítica internacional aparecen ahora como amenazas añadidas a la solvencia empresarial, complicando la lectura optimista de la reducción puntual de la morosidad.
En paralelo, otros informes recientes confirman que el problema estructural sigue sin resolverse. Según los datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), los plazos de pago en España continúan muy por encima del límite legal de 60 días que marca la Ley 3/2004: el sector privado ronda los 67 días de media, y las Administraciones Públicas —que deberían ser las primeras en cumplir— llegan a los 70 días, más del doble del plazo legal de 30 días que les corresponde. El propio informe de la PMcM señala que el 85% de las grandes empresas incumple sistemáticamente los plazos legales de pago, financiándose en la práctica a costa de sus proveedores más pequeños.
Por qué este dato importa más que el titular
El 60% de empresas afectadas es una cifra alarmante por sí sola, pero el dato que de verdad debería preocupar a cualquier pyme es el 8,1% en riesgo real de cierre. No hablamos de un problema abstracto de tesorería que se resuelve solo con paciencia: para una parte nada desdeñable del tejido empresarial español, la morosidad de sus clientes es, literalmente, una cuestión de supervivencia del negocio.
Esto es especialmente crítico para las microempresas y pymes, que —según distintos informes del sector— presentan los niveles más elevados de exposición a la morosidad y, al mismo tiempo, la menor capacidad financiera para absorber sus efectos. Una empresa grande puede permitirse esperar 90 días a que le paguen; una pyme con márgenes ajustados, muchas veces no.
Qué puede hacer una empresa frente a esto
Lo que confirma este tipo de informes, año tras año, es que esperar no es una estrategia. Cuanto más tiempo pasa una factura sin reclamarse, más difícil resulta después recuperarla, y más deteriora la liquidez de la empresa acreedora mientras tanto. La Ley 3/2004 ya reconoce el derecho a reclamar intereses de demora automáticos y una compensación por costes de cobro desde el momento en que se produce el impago — un derecho que muchas empresas ni siquiera ejercen por desconocimiento.
Desde abril de 2025, además, cualquier reclamación judicial exige haber intentado antes un MASC (Medio Adecuado de Solución de Controversias), lo que refuerza la importancia de gestionar la reclamación de forma ordenada y con criterio jurídico desde el primer impago, no cuando la deuda ya lleva meses acumulándose.
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