Concurso y segunda oportunidad

El deber de solicitar el concurso de acreedores nace en un momento preciso —la insolvencia actual, conforme al art. 2 TRLC— y se agota en un plazo improrrogable de dos meses (art. 5 TRLC).

Su incumplimiento no es una irregularidad procesal menor: activa una presunción de culpabilidad concursal (art. 444.1.º TRLC) con proyección directa sobre el patrimonio personal del administrador, en conexión con el régimen de responsabilidad por deudas sociales del art. 367 LSC.

El concurso de acreedores es el procedimiento judicial mediante el cual el deudor insolvente pone su patrimonio bajo supervisión judicial para satisfacer ordenadamente a sus acreedores. Puede terminar en convenio — acuerdo de pago con quita y espera — o en liquidación del patrimonio.

La Ley 16/2022 de reforma concursal introdujo cambios relevantes: nuevos planes de reestructuración preconcursal, el procedimiento especial para microempresas y la agilización de los plazos. Conocer estas herramientas puede marcar la diferencia entre salvar la empresa o perderla.

El concurso voluntario lo solicita el propio deudor — es la opción recomendable porque permite actuar antes de que la situación sea irreversible y favorece una calificación fortuita del concurso. El concurso necesario lo solicita un acreedor cuando el deudor incumple sus pagos.

Actuar antes de que un acreedor presente la solicitud es siempre más ventajoso: el deudor mantiene más control sobre el proceso, conserva las facultades de administración y tiene más opciones de llegar a un convenio.

La Ley de Segunda Oportunidad (Ley 25/2015, integrada en el Texto Refundido de la Ley Concursal) permite a las personas físicas — autónomos y particulares — obtener la exoneración del pasivo insatisfecho: es decir, cancelar las deudas que no hayan podido pagarse tras liquidar su patrimonio.

Es una segunda oportunidad real. El deudor de buena fe que ha intentado pagar y no ha podido puede salir de la insolvencia sin cargar de por vida con deudas que nunca podrá afrontar. El proceso dura entre 6 y 18 meses según los casos.