Morosidad empresarial en 2026: por qué el 60% de las pymes sigue cobrando tarde 

El Consejo Estatal de la Pyme se reunió el pasado 3 de julio de 2026, presidido por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para analizar el Informe de Morosidad 2025 y la actualización del Marco Estratégico en Política de Pyme 2030. Los datos que se pusieron sobre la mesa confirman lo que en Globalway Consulting vemos cada semana en nuestro despacho: la morosidad no es una anécdota, es un problema estructural que compromete la liquidez de miles de pequeñas y medianas empresas.

Según el Ministerio de Industria y Turismo, el periodo medio de pago empresarial se sitúa en 64 días según el Banco de España y en 67 días según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad — en ambos casos, por encima del límite legal de 60 días. Además, seis de cada diez empresas denuncian que se les imponen plazos de pago indebidos, una práctica que golpea con especial dureza a pymes y microempresas (fuente: Ministerio de Industria y Turismo, nota de prensa de 3 de julio de 2026).

Mientras el Gobierno perfila reformas y refuerza la trazabilidad de los pagos con la factura electrónica, su empresa no puede permitirse esperar a que la política pública resuelva un problema de tesorería que ocurre hoy. La buena noticia es que el ordenamiento español ya da al acreedor herramientas potentes — el problema, casi siempre, es que no se usan a tiempo o no se usan todas.

Lo que dice la ley: el marco de la Ley 3/2004 contra la morosidad

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (texto consolidado en el BOE), es la norma que protege al acreedor en las relaciones entre empresas. Sus puntos clave:

• Plazo de pago máximo (art. 4): a falta de pacto, 30 días naturales desde la entrega o la factura; con pacto expreso entre las partes, hasta un máximo de 60 días naturales. Cualquier pacto que supere ese tope es nulo.
• Devengo automático de intereses (art. 6): el acreedor no necesita requerir de pago ni enviar burofax previo para que empiecen a correr los intereses de demora; basta con que se cumpla el plazo legal o pactado.
• Tipo de interés de demora (art. 7): se calcula sumando 8 puntos porcentuales al tipo del Banco Central Europeo vigente al inicio del semestre. Para el segundo semestre de 2026 (julio–diciembre), el tipo es del 10,40% anual, según la Resolución de 30 de junio de 2026 de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional (BOE-A-2026-14327). Es un tipo considerablemente más alto que el interés legal del dinero, lo que convierte la reclamación en una vía también rentable para el acreedor.
• Indemnización por costes de cobro (art. 8): además del principal y los intereses, el acreedor tiene derecho a una compensación por los gastos de gestión del cobro.
• Nulidad de cláusulas abusivas (art. 9): son nulas las cláusulas que impongan plazos superiores a los legales o que excluyan el derecho a intereses de demora o a la indemnización por costes de cobro, aunque estén firmadas por ambas partes.

En definitiva: la ley está del lado del acreedor. El problema real casi nunca es normativo — es de gestión interna y de reacción tardía.

La solución de gwabogados: un método, no solo una demanda

En Globalway Consulting llevamos más de 20 años acompañando a pymes en la gestión de sus impagos, y hemos comprobado que la diferencia entre cobrar y no cobrar se juega mucho antes de llegar a un juzgado. Por eso trabajamos la morosidad en cuatro fases:

1. Contratos claros y con garantías

La mayoría de los litigios de morosidad que llegan tarde a nuestro despacho podrían haberse evitado con un contrato bien redactado desde el origen: plazos de pago explícitos y dentro de los límites del art. 4 de la Ley 3/2004, cláusula de reserva de dominio cuando proceda (art. 10 de la misma Ley), pacto expreso de intereses de demora y de indemnización por costes de cobro, y, cuando el riesgo del cliente lo justifica, garantías reales o personales (aval, fianza, prenda). Un contrato bien construido no evita el impago, pero convierte la reclamación posterior en un trámite mucho más rápido y previsible.

2. Reclamaciones tempranas

El error más habitual — y más costoso — es dejar que la deuda "madure" antes de actuar. Cuanto antes se reclama, mayor es la tasa de recuperación y menor el riesgo de que el deudor entre en insolvencia antes de que la deuda esté judicializada. Nuestro protocolo de reclamación temprana combina requerimiento fehaciente, cómputo correcto de intereses desde el primer día de mora (art. 6 Ley 3/2004) y, cuando el importe y el tipo de deuda lo permiten, el juicio monitorio como vía rápida y de bajo coste frente al deudor que no discute la deuda pero no paga.

3. Acuerdos con ejecución en caso de impago

No toda negociación con el deudor tiene que acabar en juzgado, pero tampoco puede quedar en papel mojado. Cuando negociamos un aplazamiento o un plan de pagos, lo hacemos siempre incorporando mecanismos que permitan la ejecución directa si el deudor vuelve a incumplir — títulos con aparejada ejecución, reconocimientos de deuda ante notario, o acuerdos transaccionales homologados judicialmente. El objetivo es que un segundo impago no obligue a empezar de cero.

4. Cuando la empresa deudora "echa el cierre": ir contra el administrador

Este es el escenario que más frustración genera en nuestros clientes: la empresa deudora deja de operar, no contesta, no tiene bienes a su nombre — y el acreedor asume que la deuda es incobrable porque "la sociedad ya no existe". No es así.

El ordenamiento español permite, en determinados supuestos, dirigirse directamente contra el patrimonio personal del administrador:

• Responsabilidad por deudas sociales (art. 367 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010) (texto en el BOE): si la sociedad incurre en causa legal de disolución — por ejemplo, pérdidas que dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social (art. 363.1.e LSC) — y el administrador no convoca junta general en el plazo de dos meses ni solicita la disolución judicial (arts. 365 y 366 LSC), responde solidariamente de las deudas sociales posteriores a esa causa de disolución. El Tribunal Supremo lo ha reiterado en numerosas ocasiones, entre ellas la STS 1512/2023, de 31 de octubre (ECLI:ES:TS:2023:4540), que confirma que esta responsabilidad alcanza tanto a las obligaciones contractuales como a cualquier otro origen de la deuda.
• Acción individual de responsabilidad (art. 241 LSC): cuando el cese de la actividad no responde a una disolución ordenada sino a lo que la jurisprudencia denomina "cierre de hecho" — la empresa deja de operar sin liquidar formalmente, sin repartir activos conforme a ley y sin dar la cara ante los acreedores —, el administrador puede responder directamente de los daños causados a cada acreedor en particular, siempre que se acredite el nexo entre su conducta y el perjuicio (art. 236 LSC).

En Globalway Consulting hemos desarrollado un área específica para este tipo de reclamaciones, con recursos y contenido especializado en www.responsabilidadadministradores.es, donde analizamos caso por caso si existen indicios de causa de disolución no atendida, cierre de hecho o vaciamiento patrimonial, y diseñamos la estrategia procesal más eficaz para llegar hasta el patrimonio personal del administrador.

No deje que la morosidad decida por usted

El Gobierno reconoce el problema, lo mide y lo debate en el Consejo Estatal de la Pyme. Mientras las reformas estructurales avanzan, su empresa necesita una estrategia de cobro activa, no reactiva. En Globalway Consulting diseñamos esa estrategia a medida: desde la redacción del contrato hasta, si es necesario, la reclamación contra el administrador de la sociedad deudora.

¿Tiene facturas pendientes de cobro o un deudor que ha dejado de operar sin liquidar? Contacte con nuestro equipo y analizamos su caso.

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